En concreto, el texto establece "la imposibilidad de facturar productos no solicitados, no aceptados o no puestos a disposición del distribuidor". Si existe controversia sobre estos aspectos, se resolverá mediante mediación o arbitraje.
La patronal de los concesionarios destacó, en su opinión, que la nueva norma fomentará la libertad de empresa, la libre competencia y que impedirá que las pequeñas y medianas empresas y autónomos de la distribución "queden atrapados por los proveedores".
En un intento de proteger a los vendedores de diversos sectores -la ley no solo ampara la venta de coches, también regulará la distribución de actividades como la venta de periódicos, gasolineras o franquicias-, se establecerán mecanismos de tutela para que determinadas decisiones sean consensuadas entre marca y vendedores.
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