El Consejo de Ministros recibió este viernes un informe del ministro de Industria, Turismo y Comercio sobre el anteproyecto de Ley de Contratos de Distribución, un instrumento normativo que, según el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, busca facilitar las "complejas" relaciones entre proveedores y distribudores y regularlas claramente, "de acuerdo con las nuevas necesidades económicas de nuestro país".
Se pretende, de este modo, modernizar la regulación del sector, respetando al máximo la capacidad de pacto entre las partes, si bien se regulan una serie de cuestiones mínimas que están en el origen de la mayor parte de los problemas que se han dado hasta ahora (evitar la imposición unilateral de condiciones, la falta de claridad, la imposición de compras mínimas o inversiones, la ausencia de plazos en los contratos, etcétera).
En la fase de ejecución contractual, la norma se refiere a los objetivos comerciales; a la regulación de ruptura de "stock"; a las compras mínimas (que se establecerán sobre la base de previsiones razonables del mercado, sin que proceda la facturación o cobro de suministros no solicitados por el distribuidor o no puestos a su disposición); a los pactos de exclusiva; a los descuentos de común acuerdo y por anticipado (kioscos); y a la cesión del contrato con consentimiento.
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